POR ALFONSO BENOIT
Hoy basta con recorrer las calles de República Dominicana para observar la presencia de nacionales haitianos en actividades económicas, comercios y servicios de transporte, incluidas motocicletas y taxis mediante aplicaciones digitales. Esta realidad plantea preguntas que las autoridades no han respondido con claridad. Mi preocupación no es únicamente lo que vemos a diario, sino la falta de explicaciones sobre la magnitud de la situación migratoria y las medidas del Estado.
La Segunda Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI-2017) estimó que 497,825 personas nacidas en Haití residían en República Dominicana en 2017. Considero que esa cifra contrasta con lo que observamos en 2026. Mi percepción es que la cantidad de extranjeros en condición irregular supera ampliamente lo reconocido oficialmente y podría ascender a más de ocho millones. ¿Dónde están los resultados actualizados de los levantamientos migratorios?
También me preocupan las escuelas públicas. Considero que muchos centros están desbordados y que los estudiantes dominicanos encuentran cada vez menos cupos. ¿Qué sucederá cuando nuevas generaciones de nacionales haitianos se conviertan en profesionales y aspiren a posiciones institucionales, incluso a ser diputados, senadores o alcaldes? Esos cargos tienen requisitos constitucionales de nacionalidad, pero el futuro de nuestras instituciones merece un debate serio.
República Dominicana grita, y pareciera que nadie escucha. A mi entender, la dominicanidad se debilita mientras disminuye el respeto por nuestros símbolos patrios, incluido el himno nacional. Comprendo que los extranjeros conserven sus tradiciones, pero he observado casos de nacionales haitianos que afirman ser dominicanos sin reconocer su origen. Esto me preocupa por el significado de nuestra identidad y la preservación de nuestras raíces culturales.
En educación denuncio otra situación: algunas familias dominicanas enfrentan obstáculos para inscribir a sus hijos cuando les falta un documento, mientras ciertos estudiantes haitianos, según los casos que señalo, reciben facilidades sin requisitos equivalentes. Entiendo que ningún niño debe ser privado arbitrariamente de educación, pero pregunto: ¿por qué parecen aplicarse exigencias distintas? El Ministerio de Educación debe garantizar reglas claras e iguales para todos.
También cuestiono el destino de las ayudas millonarias y programas internacionales destinados a la crisis haitiana. ¿Por qué determinadas operaciones humanitarias se realizan desde República Dominicana y no directamente en Haití? ¿Qué recursos reciben nuestras autoridades, quién los administra y cuánto se destina a ciudadanos haitianos que permanecen aquí? La solidaridad debe ir acompañada de transparencia y de información sobre las responsabilidades asumidas por el Estado dominicano.
Desde 2020, distintos medios han documentado al menos una docena de militares dominicanos heridos en incidentes vinculados con nacionales haitianos. Nuestros soldados afrontan riesgos y condiciones difíciles al custodiar la frontera. ¿Invierte el Estado lo suficiente en personal, tecnología y equipamiento para el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza (CESFRONT)? ¿Reciben los militares la protección necesaria y se investigan debidamente los incidentes que los afectan?
La frontera dominico-haitiana continúa siendo un desafío crítico. Se construyen muros, se anuncian operativos y se dictan decretos, pero percibo que miles de personas siguen cruzando diariamente por puntos no oficiales sin obstáculos suficientes. No bastan los anuncios si los resultados no corresponden a las promesas. Exijo información sobre los cruces detectados, la respuesta de las autoridades y las responsabilidades ante las fallas de vigilancia.
En la construcción, la agricultura y el comercio informal observo una competencia desigual entre trabajadores dominicanos y haitianos en condición migratoria irregular. Por su vulnerabilidad, estos últimos pueden aceptar salarios inferiores al mínimo legal, lo que facilita abusos de algunos empleadores y perjudica las condiciones laborales. El Estado debe fiscalizar las contrataciones, hacer cumplir el Código de Trabajo y proteger al trabajador dominicano sin tolerar la explotación.
La presión también alcanza al sistema de salud pública, que enfrenta limitaciones de recursos e infraestructura. Desde enero de 2020 hasta septiembre de 2026 se registraron más de 200,000 partos de nacionales haitianas en hospitales públicos dominicanos, según cifras divulgadas por el sistema de salud. ¿Cuánto cuestan estos servicios y cómo se planifican los presupuestos y la atención hospitalaria? Exigir cuentas no implica desconocer la atención médica necesaria.
República Dominicana necesita respuestas claras y autoridades que asuman sus responsabilidades. La solidaridad con Haití no significa que nuestro país deba resolver indefinidamente una crisis que también corresponde al Estado haitiano y a la comunidad internacional. Reclamo información migratoria actualizada, transparencia sobre la cooperación internacional, vigilancia fronteriza efectiva, cumplimiento de las leyes y un Estado que coloque las necesidades de su población en el centro de sus decisiones.
Una nación no se defiende únicamente levantando su bandera o entonando el himno nacional; también se defiende garantizando dignidad, seguridad e identidad a las generaciones futuras. Mi pregunta trasciende gobiernos, partidos e ideologías: ¿qué República Dominicana estamos construyendo y qué patria entregaremos a nuestros hijos? Tal vez mañana no nos pregunten cómo llegamos hasta aquí, sino por qué, cuando todavía podíamos exigir respuestas, decidimos mirar hacia otro lado.
