Mientras los discursos oficiales saturan la opinión pública con gráficos ascendentes sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de la República Dominicana, la realidad a ras de suelo cuenta una historia drásticamente distinta. Transitamos por entornos urbanos donde las calles sufren una deformación grotesca debido a la acumulación desmedida de pavimento, mientras en los hogares la cotidianidad se interrumpe por la precariedad de los servicios más elementales. Existe una profunda contradicción en un Estado que se enorgullece de su dinamismo macroeconómico, pero que pospone las soluciones a las crisis estructurales más urgentes de su población.
Lo más alarmante de esta crisis no es solo la deficiencia técnica, sino la peligrosa normalización del deterioro por parte de la ciudadanía y la falta de ética profesional de quienes gestionan lo público. Muchos dominicanos han desarrollado una tolerancia pasiva hacia el colapso estético y operativo, llegando a aceptar como «normal» lo que en cualquier sociedad con estándares mínimos sería un escándalo nacional.
Ingenieros de la chapucería urbana
En nuestras ciudades, las capas de asfalto no son delgadas; al contrario, se pasan de gruesas. Presenciamos la aberración de colocar una capa pesada encima de la otra, año tras año, sin remover el material viejo dañado. El resultado es una sola y enorme masa asfáltica, antiestética y desproporcionada, que eleva el nivel de la vía pública hasta sepultar los contenes, ahogar las aceras y dejar las tapas de las alcantarillas hundidas en el fondo de verdaderos cráteres artificiales. Es una práctica mediocre que debería avergonzar profundamente a los ingenieros que firman tales obras.
Esa misma indolencia que deforma el espacio público ha sido trasladada al interior de los hogares de manera vergonzosa. Nos hemos acostumbrado a normalizar la deficiencia crónica en el suministro de energía eléctrica, la inconstancia en la recogida de basura y, de forma críticamente grave, la incapacidad estatal de proveer agua potable de manera continua.
La infraestructura de la desigualdad
El diseño actual del sistema obliga a racionar el suministro, enviando el agua apenas tres veces a la semana con el único fin de que los hogares llenen sus depósitos. La obligatoriedad de construir costosas cisternas y de coronar nuestros techos con tinacos es el monumento más fehaciente de este fracaso institucional.
Aquí radica la cara más cruel de la desigualdad: mientras las clases media y alta privatizan el servicio en sus propios hogares financiando esta infraestructura de la resignación, los sectores vulnerables sufren un verdadero calvario. Quienes no disponen de los recursos económicos para costear la construcción de una cisterna o la compra de un tinaco quedan a mercer de la total precariedad.
Estas familias hacen malabares diarios para abastecerse de un líquido vital que, cuando llega, sigue sin ser apto para el consumo humano directo. En la República Dominicana de los récords de crecimiento económico, el Estado le ha fallado flagrantemente a sus ciudadanos más desprotegidos en el acceso a sus derechos fundamentales más básicos.
Espejismos macroeconómicos y dignidad pública
Es innegable que las grandes obras de infraestructura vial tienen su valor. Sin embargo, la urgencia de proyectos suntuosos palidece cuando se compara con las deficiencias sistemáticas que afectan el día a día de cada dominicano. La priorización del gasto público parece responder más a la espectacularidad de lo que se puede inaugurar frente a las cámaras que a la dignidad de los servicios básicos.
El verdadero desarrollo no se mide por la altura de las torres metropolitanas ni por el brillo del asfalto mal puesto si la base sobre la que se construyen está agrietada y deforme. Para avanzar, la sociedad dominicana debe despertar de su letargo y exigir consecuencias reales a las autoridades.
Un país no puede llamarse verdaderamente próspero si condena a su población a esquivar cráteres urbanos creados por la propia negligencia estatal, y a sufrir un mundo para conseguir agua limpia mientras los funcionarios celebran cifras macroeconómicas vacías. El crecimiento debe traducirse, por fin, en dignidad pública, en servicios eficientes y en un entorno digno de un país del siglo XXI.
