La palabra deber encierra una noción fundamental en la vida democrática: es la obligación que una persona tiene de cumplir con lo que le corresponde, sea por mandato legal, por responsabilidad moral o por compromiso institucional. En el caso de los gobernantes, el deber no es un gesto voluntario ni un acto de generosidad; es la esencia misma de su función. Cumplir con la Constitución, ejecutar el presupuesto aprobado y velar por el bien común no son favores que se otorgan, sino obligaciones que se deben cumplir.
En una democracia contemporánea, la responsabilidad del poder es clave. Los gobernantes deben rendir cuentas a los ciudadanos sobre el ejercicio de su función, y la sociedad tiene el derecho —y la obligación— de exigir explicaciones en casos de corrupción, abuso de poder o violaciones a los derechos humanos. La relación entre pueblo y autoridad no puede basarse en agradecimientos por lo que ya estaba presupuestado, sino en la vigilancia constante de que el poder se ejerza conforme a la ley y en beneficio de todos.
Los deberes de los gobernantes
Los gobernantes tienen deberes que les permiten ejercer su función de manera responsable y efectiva. Entre ellos, el cumplimiento de la Constitución y las leyes, la protección del bien común, la vigilancia de la actividad de los individuos y sus asociaciones, y la exigencia de lo necesario para alcanzar esos fines. También deben cuidar prudentemente de la justicia social y participar activamente en el proceso legislativo. Estos deberes no son opcionales ni negociables: constituyen la base de la legitimidad democrática.
La metáfora del cobrador de peajes
Agradecer al presidente por inaugurar una obra previamente presupuestada es como rendir pleitesía al cobrador de peajes que se cree dueño del camino. El pueblo construyó la vía con sus impuestos, con su esfuerzo y con su mandato constitucional; el gobernante solo levanta la barrera que estaba obligado a levantar. Sin embargo, el ritual de la inauguración convierte al funcionario en un supuesto benefactor, cuando en realidad no ha hecho más que cumplir con su deber.
Este teatro político transforma la obligación en favor y el derecho ciudadano en dádiva. Se manipula el lenguaje para que la justicia aparezca como caridad, y el cumplimiento de la ley como un gesto magnánimo. Aplaudir al presidente por entregar una obra es como agradecer al administrador de la despensa por repartir alimentos comprados con el dinero de la comunidad. No es generosidad, es obligación.
La herencia de las dictaduras
En muchos países latinoamericanos que estuvieron bajo dictaduras, se cultivó la costumbre de la loa a los gobernantes. Se aplaudía lo que era obligación, se agradece lo que era deber. Esa cultura de sumisión persiste en la democracia contemporánea, disfrazada en los discursos de inauguración. Cuando un funcionario proclama que “debemos agradecer al presidente por esta obra”, reproduce un eco del autoritarismo: el líder como benefactor, el pueblo como súbdito agradecido.
Este hábito no es inocente. Refuerza el clientelismo, debilita la conciencia ciudadana y perpetúa la idea de que los derechos dependen de la voluntad del gobernante. La democracia se degrada cuando la ciudadanía se acostumbra a agradecer lo que le pertenece por derecho.
El pueblo no debe arrodillarse ante quien cumple con su deber. Agradecer al gobernante por entregar lo que ya estaba presupuestado es aceptar que la justicia se disfrace de caridad. Y cuando la justicia se convierte en caridad, la democracia se degrada en clientelismo.
La advertencia es clara: si seguimos agradeciendo lo que es deber, terminaremos mendigando lo que es derecho. La ciudadanía debe recordar que el poder no es un regalo, sino una responsabilidad. Los gobernantes no son benefactores, sino mandatarios sujetos a la ley. Y en democracia, el deber no se agradece: se exige, se vigila y se reclama.
